La primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra los doce dirigentes independentistas catalanes coincidió con el inicio del debate sobre los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Aunque parezcan dos asuntos distintos, están ambos muy unidos por la política. En la sala de plenos del Supremo, los abogados defensores hicieron un alegato político en beneficio de sus clientes, hablando de vulneración de todos los derechos constitucionales, negando imparcialidad a los magistrados, quejándose de dar peor trato a los líderes del ‘procés’ que a los terroristas, y afirmando que el proceso judicial es un ataque a las libertad ideológica y los derechos humanos. Más que una defensa de presuntos delincuentes, pusieron en práctica un ataque contra las instituciones democráticas españolas, con un ojo puesto en los cincuenta corresponsales extranjeros acreditados para seguir el juicio. La misma estrategia que la seguida por la Generalitat en el referéndum del 1-O, de infausto recuerdo, cuando pretendieron convertir una jornada de protestas y cargas policiales en una masacre de independentistas para ganar la batalla de la imagen ante la comunidad internacional. Todo apunta a que en el juicio van a insistir en la misma línea argumental, convirtiendo a los transgresores en supuestas víctimas de un Estado centralista y liberticida.