¿Es necesaria una ley autonómica que complemente la legislación nacional? No creo que en esta cuestión la secuencia histórica asturiana difiera de la española. No hay una especificidad regional que obligue a adaptar las normas a la realidad histórica asturiana. Por desgracia, los fusilamientos realizados por fuerzas regulares, tras juicios militares sumarísimos, o por particulares sedientos de venganza y enfebrecidos de odio, se produjeron a lo largo y ancho de toda España. Ahora bien, en esta materia, como en cualquier otra, las cámaras autonómicas tienen la posibilidad de dejar su huella, aunque en muchos casos sólo sirva para duplicar la legislación hasta el punto de hacerla farragosa y de difícil aplicación.

Vaya por delante que me parece un derecho inalienable la búsqueda de los restos de los familiares desaparecidos. No sólo es una opción que a nadie se le puede negar, sino que la Administración debe hacer lo que esté en su mano para satisfacerla. La Ley de Memoria Democrática hace correr a cuenta del Principado todos los gastos que acarreen la exhumación y el sepelio. Si se toma esa decisión, todas las labores de búsqueda, localización, reconocimiento, etcétera, debe realizarlas directamente la Administración a petición formal y razonada de los particulares. Encuentro un disparate que en el articulado se hable de ocupación de fincas por espacio de dos años (un periodo tan largo es propio de otro tipo de búsquedas mucho más profundas), previa declaración de utilidad pública, y que se contemple la posibilidad de practicar expropiaciones. Es mucho más sencillo garantizar la actuación de la Administración por un periodo de tiempo mucho más breve, con la obligación de reparar cualquier daño patrimonial producido al titular del predio. No veo la utilidad de crear un Instituto de Memoria Democrática (¿otro chiringuito?). Basta con que los estudiantes conozcan los horrores de una guerra civil.