La candidata del PP salió a dar explicaciones. Afirmó que «todo el proceso fue legal», y para justificar su proceder dijo que la operación se hizo por el bien del municipio, ya que la obra conllevaba la creación de cien empleos y la dotación de una residencia para ancianos. Mallada manifestó que cuenta con todo el apoyo de la dirección nacional del PP y que no piensa en dimitir. Los argumentos de la candidata no afectan al meollo del asunto que es puramente legal y tiene que ver con contravenir las advertencias de los informes que hacen los funcionarios (dictar resoluciones a sabiendas de que son contrarias a ley). A eso se llama prevaricación y no tiene nada que ver con creación de empleo, oferta de servicios públicos o apoyos políticos de los órganos superiores del partido político de turno. En la investigación judicial se dirimirá si el proceder de Mallada encaja en esa tipología. La política allerana dijo que «ni siquiera me ha llamado nadie a declarar». Con la Justicia no hay que ser impaciente.

El problema es jurídico, pero las consecuencias son políticas. En un momento en que los malladistas apuestan por una gestora, resulta que la candidata está investigada en una pieza judicial desgajada del ‘caso Hulla’, el mayor caso de corrupción relacionado con el uso de los fondos mineros. A Pablo Casado le crecen los enanos en Asturias. Desde la presidencia del partido, Mercedes Fernández realiza una defensa numantina de su cargo (nota para despistados: la singularidad del cerco de Numancia reside en que todos sus defensores se suicidaron) y Teresa Mallada demanda una gestora para superar la bicefalia. La única noticia positiva para Casado es el ‘sí’ dado por Paloma Gázquez para encabezar la lista al Congreso de los Diputados. Los intentos de Cherines y Mallada de capitalizar el nombramiento son pueriles. Gázquez es tan distante como independiente de ambas. Y lo saben.