los gastos que todavía no están comprometidos. En Baleares y Canarias también van a menguar sus partidas, menos las de contenido social. Desde Madrid se reconoce que, de prolongarse el bloqueo político, habrá problemas para pagar a los proveedores. En Andalucía son optimistas y planean un presupuesto expansivo en sanidad y educación. Extremadura y Castilla-La Mancha no ven posible cumplir con el objetivo de déficit. Galicia es más pesimista y teme que a finales de año no puedan pagar las nóminas de los funcionarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que conoce la situación mejor que nadie, considera que a partir de noviembre será más difícil cumplir con los calendarios de pago a los proveedores. De la larga lista de valoraciones se deduce que los gobiernos autonómicos van a tener muchas dificultades para cuadrar sus cuentas si hay elecciones anticipadas. Los que dicen que los recortes no afectarán ni a los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) ni a las nóminas de personal son poco creíbles, porque la suma de esos dos conceptos supera el 80% del gasto anual.

El Principado no habla de recortes, aunque reconoce las dificultades para gestionar el presupuesto con 195 millones menos de ingresos. Los grupos de la oposición, desde la izquierda radical a la derecha radical, culpan de todos los males a los socialistas por no ser capaces de tejer alianzas para lograr la investidura de su líder, Pedro Sánchez. El presidente en funciones tiene responsabilidad en la paralización institucional, pero el resto de líderes no está libre de culpa. Tanto hablar de la gobernanza y cuando llega el momento de asumir cuotas de poder, se pone como principal objetivo erosionar al partido que ganó las elecciones. Hasta el mismísimo gasto social pasa a ocupar un segundo plano frente a los intereses partidarios.