Si en los últimos años, sesenta empresas se marcharon de Asturias a Madrid por culpa de la presión fiscal, excuso decir cuántas se mudarán tras el nuevo descenso anunciado. Recuerdo una disquisición sobre política fiscal cooperativa y competitiva de un expresidente asturiano que apostaba por cooperar. La verdad, en la práctica no veo cómo pueden cooperar, por ejemplo, el Principado y la Xunta de Galicia en materia de tributos fiscales. Sin embargo, la idea de competir es intuitiva, en cuanto uno de los dos baje el gravamen de un impuesto ya está siendo más atractivo para empresas y rentas. Es muy difícil impedir la competencia fiscal en un país tan descentralizado como el nuestro. ¿Qué modelo de autogobierno se puede desarrollar desde las comunidades autónomas sin un mínimo de autonomía fiscal? En los primeros años de la etapa autonómica, los gobiernos regionales gestionaban el gasto, pero los ingresos eran cosa del Estado que aportaba recursos, como hace un padre con un hijo al darle la paga semanal. La minoría de edad se acabó cuando Pujol forzó la cesión del 15% del IRPF para Cataluña en la tercera legislatura de Felipe González. Luego, con Aznar en la Moncloa, aumentó el porcentaje cedido y los presidentes autonómicos tuvieron poder normativo sobre el IRPF, pudiendo cambiar tramos y tarifas. Ahora los barones socialistas pretenden una vuelta atrás, como si se pudiese obligar al hijo emancipado a estar en casa a las diez de la noche.

En una cosa estoy de acuerdo con Barbón y sus colegas autonómicos. Las bajadas de impuestos no pueden servir a una comunidad autónoma para recibir más dinero de los fondos de financiación. Con la bajada del IRPF en Madrid, Díaz Ayuso renuncia a ingresar 300 millones de euros. No le pueden llegar por una vía sustitutiva. Ahora bien, si puede lograr que en Madrid se residencie gente harta de que la frían a impuestos.