A una semana de terminar la pausa de agosto las declaraciones de los políticos sirven para anticipar los argumentos con que iniciarán el curso político.
Pablo Iglesias, de baja paternal y corbata, le mandó una propuesta a Pedro Sánchez: una vicepresidencia social y tres carteras ministeriales, envueltas en 119 páginas de texto, como fórmula para ensamblar un gobierno de coalición.
El presidente evitó la respuesta directa, dejando que ministros y colaboradores señalaran que el debate sobre coaliciones está finiquitado para el PSOE. Solo queda la vía portuguesa para mantener viva la legislatura: gobierno socialista monocolor con apoyo parlamentario de Podemos y otros grupos de izquierda y nacionalistas. En caso de disenso la alternativa ya tiene fecha, elecciones generales el 10 de noviembre.
En Asturias, Adrián Barbón ha abordado, en los últimos días, tres asuntos que están relacionados: la necesidad de contar con un gobierno en firme (no en funciones) para recibir 190 millones de euros que están retenidos en el Ministerio de Hacienda, el consenso de los partidos asturianos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, y la crítica a la nueva presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por liderar la mayor bajada de impuestos en su comunidad.
Retenciones
La cuestión de los dineros retenidos por Hacienda –7.000 millones en el conjunto de las comunidades autónomas, 190 correspondientes a Asturias– es un asunto que se puede solucionar. Un informe de la Abogacía del Estado señala que no hace falta la aprobación de presupuestos para liberar ese dinero, solo se precisa del acuerdo del Consejo de Ministros y la ratificación parlamentaria. La Generalitat catalana va a exigir por vía judicial los 1.317 millones que le corresponden. La Xunta de Galicia no descarta seguir el mismo camino. El dinero ya está recaudado y no debería ser motivo de polémica.
Ahora bien, Barbón tiene razón en reclamar la formación de un gobierno en firme, una petición que pasa por la investidura de Pedro Sánchez. La experiencia de tener un gobierno en funciones durante muchos meses la hemos vivido en 2016 y solo sirve para degradar las instituciones y hartar a la gente.
Tendría gracia de que en el caso de que se adelantaran las elecciones al 10 de noviembre, el Gobierno en funciones agilizara la entrega de los 7.000 millones a las comunidades autónomas para seducir a los votantes indecisos. Ya hemos visto cosas parecidas, basta recordar los ‘viernes sociales’ del pasado invierno.
Consenso
El presidente asturiano quiere alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica en la Junta General del Principado. Desea que el consenso sirva para que Asturias hable con una sola voz en el debate de la financiación.
La propuesta no despertó el entusiasmo de la oposición. Tampoco hubo un rechazo explícito. Los grupos se mantienen a la expectativa.
En las pasadas legislaturas siempre hubo identidad de criterio entre los partidos asturianos sobre la financiación autonómica, al exigir que el envejecimiento y la dispersión de la población, y la orografía del territorio, sean elementos a tener en cuenta a la hora de ponderar el coste en la prestación de servicios públicos.
Ahora Barbón introduce un elemento más: la presión fiscal. Los territorios con impuestos más bajos no deberían tener acceso a los fondos de financiación en las mismas condiciones que las regiones con fuerte presión fiscal. La propuesta de Barbón llegó después de que Isabel Díaz Ayuso anunciara la «mayor bajada fiscal de la historia en Madrid».
Si la iniciativa del presidente asturiano fuera aceptada, Madrid recibiría menos y Asturias ingresaría más. No creo que el PP se sume al consenso asturiano si se penalizan las bajadas de impuestos. También tengo dudas de que lo hagan el resto de formaciones de la derecha.
Al hablar de propuestas sobre financiación no puedo dejar de comentar la iniciativa del PP asturiano de introducir la natalidad como criterio a la hora de valorar el coste por la prestación de servicios.
Así que la región que tiene menos niños quiere que se pondere la natalidad. No entiendo nada. Si se introduce la natalidad como criterio de financiación, recibirán más dinero los territorios que tienen una demografía al alza (Madrid, Andalucía) y saldrán perdiendo las regiones en retroceso demográfico.
Una cosa es pedir financiación por formar parte de la España vacía o vaciada, y otra muy distinta utilizar la tasa de natalidad como forma de recibir recursos cuando los partos tienden a cero. O somos serios o no sacan a ‘gorrazos’ del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Impuestos
Sobre el modelo de financiación autonómica disponemos de tiempo para meditar. Es un asunto muy importante, pero no se abordará este año.
Sin embargo, sí sería bueno que en la Junta General del Principado se tratara el asunto de los impuestos. Es muy difícil reactivar la economía o reindustrializar la región en condiciones de desventaja fiscal.
Si se quiere captar inversiones y respaldar la actividad de las empresas es preciso tener una presión fiscal ajustada. No hay que quitar ni un euro de la sanidad, pero el reino de la burocracia admite una cura de adelgazamiento.