En el mes de agosto varias veces hemos hablado de una cantidad de dinero (alrededor de 7.000 millones de euros) que corresponde a las comunidades autónomas y está retenida por el Ministerio de Hacienda. La negativa de María Jesús Montero, ministra del ramo, a transferir esos recursos ha crispado a los responsables autonómicos, ejemplo de ello es el anuncio de la Generalitat catalana de acudir a la vía judicial para reclamarlos. Los gobiernos regionales habían hechos sus previsiones presupuestarias contando con esos ingresos y ahora se quedan colgados de la brocha. En esencia se trata de dos cuestiones, los anticipos a cuenta de la recaudación del IRPF de este año y las liquidaciones del IVA relativas a 2017. La ministra pretexta que un gobierno en funciones no puede transferir esos recursos. En diversas ocasiones hemos tenido oportunidad de escribir que la propia Abogacía del Estado había apuntado una fórmula para adjudicar las respectivas cantidades a las regiones (al Principado le corresponden 190 millones) por la vía del decreto ley y posterior validación parlamentaria. Ante la presión de los gobiernos autonómicos, la ministra blande ahora un informe de la Abogacía del Estado que dice lo contrario, argumentando que se deben retener los 7.000 millones para no condicionar la política del próximo Ejecutivo. En vez de zanjar el asunto, el informe de trece páginas de la Abogacía ha soliviantado los ánimos de los presidentes autonómicos del PP –Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León-. La crítica más atinada corrió a cargo de Núñez Feijóo, cuando dijo que «estar en funciones no es estar sin funciones». Los barones regionales exigen una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar la forma de liberar los 7.000 millones.