El Principado quiere establecer una fiscalidad diferenciada en el medio rural para propiciar la fijación de población y la actividad económica. Una política tributaria favorable y la mejora de los servicios públicos constituyen los instrumentos principales con que pretende el Gobierno socialista luchar contra la despoblación de amplias zonas de nuestro territorio. Son medidas sensatas que tratan de paliar las desventajas que padecen los que viven lejos de las zonas más pobladas de la región. No se entiende que el anterior Gobierno no aplicara antes medidas de ese tenor. El declive poblacional viene ya del pasado siglo y la pérdida de población de las alas es una constante que se mantuvo, incluso, en los años del ‘boom’ económico. Miles de personas se trasladan todos los años del oriente y el occidente asturiano al área central, fundamentalmente a Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Llanera, Castrillón, etcétera. A eso hay que sumar la baja natalidad en las zonas rurales envejecidas para entender por qué se ha creado una Asturias vacía. Ante una situación así hay que luchar por mejorar la natalidad, con incentivos directos, y por retener a la gente en su sitio natural, así como tratar de vender los atractivos que tiene gran parte del campo asturiano, siempre que cuente con servicios sanitarios y formativos ‘in situ’. Los flujos de población no son el resultado de una tendencia fatalista; el problema se fue agrandando y se dispararon las alarmas.