UNA EXIGENCIA ABSURDA
El Ministerio de Hacienda exige al Principado que revise el plan económico financiero porque hay riesgo de incumplir el objetivo de estabilidad. En el año 2017, Asturias incumplió la regla de gasto y se vio obligado a redactar unos compromisos de ajuste fiscal. El pasado año no hubo sobresaltos, pero en el presente las cosas han cambiado y vuelve a estar en el aire la observancia de las normas, así que toca rehacer las previsiones. A mediados del pasado mes de julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRrF) detectó que tras la gestión presupuestaria del primer semestre había 13 comunidades autónomas que podían incurrir en incumplimiento de las variables que definen la estabilidad –niveles de deuda y déficit público, así como regla de gasto– y en once de ellas había una desviación entre el gasto presupuestado y los ingresos que se iban a recaudar. Este es el caso de Asturias que va a contar con menos ingresos de los que preveía, por lo que está obligada a recortar gastos para no elevar el déficit público. ¿Qué decir de todo esto?
Me parece necesario que la gestión económica de los gobiernos autonómicos esté sujeta a controles externos, periódicos y rigurosos. Confiar en el autocontrol de las administraciones es propio de ingenuos. Los gobiernos son máquinas de gasto, porque las necesidades tienden al infinito, por eso hace falta que haya alguien que ponga un tope y vigile para que nadie se lo salte. Si los gastos exceden a los ingresos se genera déficit y la suma de los déficit anuales expresa la deuda del Principado. Al finalizar el primer trimestre de este año, teníamos una deuda de 4.626 millones de euros, casi el 20% del PIB. Ya sé que otros están mucho peor, como los catalanes, que deben el doble de toda su producción de bienes y servicios. Magro consuelo.
Ahora bien, me temo que en esta ocasión los problemas vienen por otro sitio. No es que el Gobierno regional haya gastado con alegría, sino que el Estado retiene unas cantidades (195 millones), relativas a la liquidación del IVA de 2017 y de las entregas a cuenta del IRPF, que son del Principado y contaba con ellas al confeccionar los presupuestos. La ministra, María Jesús Montero, no las quiere transferir y, a la vez, ordena al Ejecutivo asturiano que recorte gastos ante la falta de ingresos. Un alto funcionario puede incurrir en esas prácticas kafkianas, porque se acoge al reglamento y punto. Un político, no, porque hacer bandera del absurdo tiene un coste.