La sorpresa producida por una provocativa valla publicitaria que convertía a Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi en aliados de Adrián Barbón en la lucha por la cooficialidad de la llingua ha servido para abrir el debate sobre el bilingüismo en la región.

La secuencia es bien conocida: al día siguiente, la consejera Berta Piñan inició una intervención en asturiano que tuvo que interrumpir por las quejas del PP y Vox; la presidenta de la comisión parlamentaria, previa consulta a los letrados, decidió que debía hablar en castellano porque el reglamento así lo estimaba. Tras rasgarse las vestiduras, PSOE, Podemos e IU decidieron acometer la reforma del reglamento para que no solo puedan hablar en bable los diputados, sino también los consejeros de gobierno.

Es evidente que el reglamento es una chapuza. Imagino que habrán participado en su redacción políticos y personal de los servicios jurídicos, pero la autoría colectiva no ha servido para evitar el disparate. Bien sea por lo que pone o por lo que deja sin explicitar, los diputados pueden hablar en dos lenguas y el Gobierno solo en una.

Una vez se corrija la incoherencia, los miembros del Gobierno y los diputados de la izquierda deberían dar un paso más y pronunciar todos sus discursos en bable. De proseguir con esa práctica lograrían una cooficialidad «de facto» en un breve periodo de tiempo.

Si sociedades y empresas públicas, como la televisión y la radio oficial del Principado, aplicaran la misma política y dejaran reducido el castellano a un mero recurso marginal, no habría manera de impedir que en un par de cursos el asturiano tuviera el papel de lengua vehicular en la enseñanza reglada. Y por ahí ‘p’alante’.

Lo que acabo de exponer no va a suceder. No lo va a impedir el moderantismo de la izquierda, sino el contraste con la realidad. Los gobiernos no pueden chocar frontalmente con la sociedad.

En Asturias la cooficialidad de la llingua puede significar el reconocimiento de una demanda expresada por unos pocos miles de personas, pero en cinco comunidades autónomas la experiencia es otra, por desgracia.

Dirigismo

La cooficialidad de las lenguas vernáculas en otras regiones dio paso, en un corto periodo de tiempo, a un bilingüismo imperfecto, con la Administración primando a las lenguas recién homologadas y el castellano reducido a un rol secundario en la enseñanza y en la cultura oficial de la región. Puro dirigismo social.

En las llamadas nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) ni siquiera hay bilingüismo en la enseñanza pública. En las leyes, sí, pero en la práctica, no. En Baleares, el 83% de los centros púbicos imparten sus clases solo en catalán, con la excepción de la asignatura de lengua española. En la Comunidad Valenciana, la mitad de los colegios públicos se han acogido a los programas experimentales para aplicar la inmersión lingüística en la educación infantil y hasta segundo de Primaria, con el 90% de las asignaturas en valenciano y el 10% restante en inglés. En la actualidad, hay 18,5 millones de españoles que no tienen derecho a que sus hijos reciban una enseñanza en castellano en la red pública.