LA INDUSTRIA ENTRE ESCAÑOS
Primer pleno ordinario de la Junta General del Principado. No se dieron prisa para convocarlo, como es tradición en la casa. Hace un mes que tuvo lugar el pleno institucional, con motivo del Día de Asturias, y hasta ahora los grupos parlamentarios no consideraron oportuno debatir sobre los problemas de la comunidad autónoma. No será porque la agenda esté vacía de contenido, porque hace años que nuestra región no atravesaba una coyuntura tan delicada. En el orden del día destaca la preocupación por la industria. En la mente de todos está la situación que atravesaron –y atraviesan– algunas plantas industriales. Conocemos sus nombres y la lucha de los trabajadores, apoyados por la gente, para defender los puestos de trabajo. También sabemos que la estrategia que se aplica para combatir el cambio climático causa graves quebrantos a la industria pesada asturiana. En definitiva, somos conscientes de la problemática general y de las factorías que sufren la amenaza del cierre. No se puede decir que en esta ocasión el Parlamento asturiano no esté en sintonía con las preocupaciones de la calle.
Pese a las buenas intenciones, hay que ser consciente de que el Principado apenas tiene competencias sobre la industria. La política industrial es una política, por excelencia, de Estado. Claro que a escala autonómica se puede tratar de abaratar el suelo de los polígonos industriales, mejorar las infraestructuras de transporte o adecuar la formación de la mano de obra a las demandas de las empresas, pero poco más se puede hacer. Si se quiere ser eficaz, el Principado debe mantener un fluido canal de comunicación con el Ministerio de Industria. Ese es la pieza clave. Dicho sea de paso, si el Gobierno de España lograse el milagro de convencer a Vesuvius de quedarse en Langreo, el PSOE no necesitaría hacer campaña para el 10-N, porque en Asturias sacaría cinco de los siete escaños. Después del éxito de Alcoa, la continuidad de Vesuvius marcaría un antes y un después en el tratamiento de las crisis industriales en el Principado.
Hay unidad con respecto a la industria. Partidos, sindicatos y opinión pública forman un todo sin fisuras. Está bien que así sea, pero como los problemas sobrepasan la política autonómica debemos prepararnos para grandes dificultades si el Gobierno de España no se emplea fondo en el descenso del precio de la energía para las industrias electrointensivas. En cuanto al objetivo del arancel ambiental, mejor ir haciendo rogativas.