A finales de agosto, Pedro Sánchez había finalizado las reuniones con colectivos sociales (sindicalistas, feministas, gente de la farándula, etc). Unos días más tarde iba a reanudar la ronda de contactos con los grupos políticos para tantear las posibilidades que tendría de ser investido presidente tras el revolcón recibido en julio. Una coyuntura muy interesante para ejercer algún tipo de presión sobre los hipotéticos socios parlamentarios. Justo entonces, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, blandió un informe de la Abogacía del Estado que avalaba su pretensión de retener 4.500 millones de euros que debían ser transferidos a las comunidades autónomas. Un golpe para las finanzas de las regiones que contaban con ese dinero. Los presidentes autonómicos pusieron el grito en el cielo y apesadumbrados se dispusieron a meter la tijera en las partidas del gasto para poder cuadrar las cuentas. La Generalitat de Cataluña fue a los juzgados para reclamar su dinero. El Principado veía como se esfumaban cerca de 200 millones. La Abogacía del Estado respaldaba los razonamientos que ya había esgrimido la ministra: un gobierno en funciones y sin haber aprobado los presupuestos del Estado no puede transferir a las comunidades el dinero anunciado porque quitaría al futuro gobierno la capacidad de decidir sobre esos recursos. Muy difícil de entender, pero no es la primera vez que es complicado asimilar la prosa jurídica.