Parece que será hoy cuando se conozca la sentencia del ‘procés’. Por las informaciones que se han ido filtrando el tribunal habría descartado la idea de condenar a los reos por rebelión, al no haber encabezado una acción violenta contra la Constitución, aunque serían todos condenados por sedición y malversación de caudales. De ser así, quedaría acreditado que los miembros del Gobierno de la Generalitat y los líderes sociales (Jorge Sánchez y Jorge Cuixart) participaron en actos violentos contra la legalidad y habrían destinado dinero público para fines contrarios a los que estaban encomendados, al financiar la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Sobre los acusados recaerían penas de cárcel. No habría prosperado la tesis que defendía la Fiscalía (delito de rebelión), pero sí quedaría confirmada la gravedad de los hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2017 y el papel jugado por los responsables de la Generalitat (vicepresidente y cinco consejeros), así como por los jefes de dos grandes organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural.

Aunque la sentencia entraba dentro de las previsiones, no por ello dejará de tener una gran influencia en el curso político español y catalán. Las elecciones generales están a la puerta de la esquina y el tono de los discursos se endurecerá por parte de los dirigentes catalanistas y sus aliados. Los potenciales socios del Gobierno socialista (ERC, JxCAT, Unidas Podemos) se distanciarán de Pedro Sánchez. En Cataluña, el Gobierno de Quim Torra tendrá que optar entre encabezar un alzamiento contra la legalidad, del mismo cariz al que acaba de ser juzgado, o convocar elecciones anticipadas. O, tal vez, las dos cosas a la vez.