El enfrentamiento entre Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, antes socios, dejó aislado a Torra y debilitado al nacionalismo. Al final, los tres grupos independentistas –ERC, JxCat y la CUP– se han puesto de acuerdo para registrar una propuesta de resolución en el Parlamento catalán que debe debatirse en el pleno. El texto recoge el espíritu rupturista de las iniciativas tratadas en la Cámara en la primera semana de septiembre de 2017, de esa manera el independentismo renueva el desafío al Estado: «Reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía». El presidente de la Cámara legislativa, Roger Torrent, dejó algunas perlas, como éstas dos: «No permitiremos que la censura entre en el Parlament»; «en los parlamentos democráticos se habla de lo que interesa a los ciudadanos».

Los diputados independentistas, y su presidente, saben que hacen trampa (excluyo a aquellos cuyo nivel de alienación nuble su intelecto) y los servicios jurídicos del Parlament se lo habrán explicado más de una vez. Quieren contraponer el poder que tiene la Cámara, recibido del voto de los ciudadanos, con las resoluciones de un tribunal, en este caso del Tribunal Constitucional. Pero no es cierto. Claro que los parlamentos pueden hablar de todo, pero sus resoluciones están limitadas por las leyes que emanan de Las Cortes. Los tribunales interpretan normas que emanan de un parlamento que representa la soberanía nacional. Ni Torra ni Roger Torrent ni Sánchez ni Casado ni Iglesias ni Rivera ni Abascal ni el Rey pueden sortearlas ni obviar las resoluciones de los tribunales encargados de interpretar si las resoluciones u otros actos concretos conculcan o no las leyes. El propio autogobierno catalán existe porque así lo disponen las normas.