Durante un largo periodo el Ministerio de Hacienda se responsabilizaba de los ingresos de las regiones y estas solo pensaban en la forma de gastar. De ahí les vino la fama de manirrotos a los gobiernos autonómicos, porque actuaban como menores de edad que piden la paga semanal a los padres sin importarles el estado de la economía familiar: «solo piensan en gastar». A partir de 1993, con la cesión del 15% del IRPF e IVA a las regiones las cosas empezaron a cambiar. En la actualidad, el panorama es muy distinto porque los gobiernos autonómicos reciben la mitad de la recaudación de los dos principales impuestos (IRPF e IVA) y el 58% del cuarto tributo (Impuestos Especiales: hidrocarburos, alcohol, tabaco). No sólo gestionan la recaudación, sino que tienen capacidad normativa, y así vemos cómo ganando lo mismo se paga más en unos territorios que en otros. Las comparaciones empezaron a ser inevitables y los contribuyentes que tienen amplia capacidad de decisión se trasladaron a vivir a las tierras donde se pagan menos impuestos.

La polémica se hizo especialmente viva en torno a los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. El patrimonio es fruto del ahorro de las rentas obtenidas y ya fue gravado en el IRPF. En otras palabras: se paga dos veces por la misma cosa. La crítica más acerada recae sobre el Impuesto de Sucesiones. No se acepta que unos bienes que ya tributaron o tributan, tengan que sufrir un nuevo gravamen por el hecho de cambiar de padres a hijos. La típica tienda en la que trabaja la hija y tiene que pagar por recibir la titularidad del negocio. En Asturias establecimos un nuevo récord, el pasado año, con más de 2.000 renuncias a herencias por imposibilidad de pagar el Impuesto de Sucesiones. Somos los líderes del pelotón autonómico en esta materia. En Madrid, el impuesto tiene una bonificación del 99%. El Gobierno quiere acabar con tanta generosidad.