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Juan Neira

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METEDURA DE PATA

Pedro Sánchez cometió ayer un error de bulto, impropio de alguien que está al frente del Gobierno, al dar a entender en una entrevista radiofónica que dirige la actuación de la Fiscalía para que Puigedmont sea repatriado. La declaración del presidente causó irritación en las asociaciones de fiscales por entender que complica el retorno del expresidente prófugo. En el debate televisado de los cinco principales líderes políticos, Pedro Sánchez sacó pecho y dijo: «El Gobierno traerá a Puigemont»; ayer culminó la tarea asegurando que la Fiscalía depende del Gobierno. Quiso la casualidad que el mismo día que el presidente presumía de mandar en los fiscales, el Ministerio del Interior británico considerase «desproporcionada» la euroorden contra Pontasí, consejera en el Gobierno de Puigdemont que reside en Escocia.

Estoy seguro de que, si no se celebrasen elecciones el domingo, el presidente en funciones no hubiese sido tan explícito, pero como hay que conseguir votos con cualquier argumento, tanto vale meter miedo con Vox, como convertir en hazaña el traslado de los restos de Franco o dar a entender que el inquilino de Waterloo va a entrar pronto en la jaula. El asunto es muy grave porque tiene unos antecedentes humillantes. Tras darse a conocer la sentencia sobre los cabecillas de la revuelta catalana, el juez Pablo Llarena, que había sido instructor de la causa, reactivó la euroorden contra los miembros del ‘govern’ fugados.

En su día (a finales de 2017) la había retirado por miedo a que fuese rechazada por la justicia belga, ya que solo constaban indicios razonables de rebelión, pero con la sentencia quedó probado que cometieron el delito de sedición. Para completar el cuadro cabe añadir que cuando Puigdemont se trasladó a Alemania y España pidió la extradición, la justicia alemana solo la concedió por el delito de malversación de caudales. Según los togados alemanes, ni había delito de alta traición (la figura más cercana a la rebelión que contempla el Código Penal alemán) ni tampoco cabía culparle por haber liderado los desórdenes públicos. Para evitar juzgarlo solo por malversación, Pablo Llarena también retiró la euroorden en ese país.

La justicia española no puede ser reiteradamente desautorizada por sus homólogas en la UE. Nuestro sistema jurídico-político se resiente por cada revés que sufre. El presidente en funciones debería ser el primer interesado en no mezclar la pelea por los votos con cuestiones de Estado.

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por JUAN NEIRA

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