La confección del proyecto presupuestario del Principado para 2020 se complica por el crecimiento del gasto. No es una novedad, el asunto viene de atrás, como lo demuestra el hecho de que en la pasada legislatura el gasto en sanidad creció el 7,6%, en educación fue del 4,4% y en los servicios sociales del 15,5%. En este último apartado, una de las partidas que más creció fue la del salario social. El gasto en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) es necesario y en una sociedad democrática, en la que todos tenemos los mismos derechos, resulta obligado. Dentro del mismo hay que distinguir lo que son puramente las prestaciones, como el coste de los medicamentos, el instrumental y la tecnología, en el caso de la sanidad, y las nóminas de los trabajadores. Sobre el coste de los factores no hay un gran margen de actuación, pero conviene separar de uno en uno cada factor para poder sacar conclusiones. Por ejemplo, las amortizaciones de los edificios que albergan hospitales o centros de salud, no tienen mucha discusión, otra cosa es que parezca alta o baja la partida. Cuando el presupuesto de la sanidad, por seguir con el ejemplo, se eleva a 1.711 millones, y en los últimos cuatro ejercicios se elevó la factura en 130 millones hay que ver si el incremento podría ser menor con otra organización del trabajo. No entrar en ese análisis lleva a dar por buena cualquier cifra.