Ante los asistentes a la VI Cumbre de Empresas Familiares Europeas, Pedro Sánchez quiso ofrecer la faceta de líder responsable, escrupuloso cumplidor de los compromisos económicos. Prometió rigor presupuestario, reducir el déficit público (dejamos de ser el farolillo rojo, pero solo Chipre y Francia ofrecen un desfase mayor que nosotros) y la deuda. Todo esto sucedía mientras la Comisión Europea anunciaba que el plan presupuestario entregado por Nadia Calviño no va a impedir el crecimiento del déficit estructural y la deuda, animando a realizar un ajuste de 9.600 millones de euros, bien sea reduciendo el gasto o subiendo los ingresos. O ambos a la vez. A la Comisión Europea le preocupa especialmente la incapacidad del Gobierno para embridar la deuda y generar ingresos que hagan frente al crecimiento del gasto en pensiones. Las dos cosas van unidas. El pasado 30 de septiembre la deuda pública española alcanzó la segunda cifra más alta de la historia. En el último año creció en 29.000 millones de euros, el 60% proveniente de los créditos para pagar las pensiones.

Una de las cosas más llamativas de la política española desde la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy es la capacidad para anunciar ambiciosas metas sociales sin explicar el soporte económico. Esto era habitual en Podemos, ya que desde su puesta de largo (elecciones europeas de 2014) el discurso consistió en ofrecer el paraíso con la seguridad de que lo pagarían los ricos a través de oportunas subidas fiscales en IRPF, Patrimonio y Sociedades. Puesto a ser sinceros, digamos que en aquella época ni siquiera detallaban tanto la forma de pago, aunque es cierto que ya hablaban de obligar a los bancos a devolver todo lo que habían recibido para reestructurar sus balances. El PSOE nunca había hablado así, quizás con la excepción de las prédicas de los ‘guerristas’ en las campañas electorales.