La negociación de los socialistas con ERC entra en una nueva fase. Primero fueron los cara a cara entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián que sirvieron de prólogo. Desde los medios gubernamentales se indicaba que tenían un diálogo fluido cimentado en una buena relación personal. Encuentros protocolarios con frases amables. Ahora se inicia la fase de los equipos, donde ambas partes cuidan el nivel de representación, con Lastra y José Luis Ábalos, acompañados por la cuota del PSC, mientras que Rufián llevó consigo a Marta Villalta y a Josep María Jové, el hombre de la agenda moleskin requisada por laGuardia Civil, donde estaban registradas todas las reuniones preparatorias para el referéndum del 1-0 y la declaración de independencia. El asunto está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como anécdotas curiosas cabe citar que se negó a realizar una prueba caligráfica para comprobar la autoría de los textos escritos en su agenda y, también, que Jové pensaba que el referéndum del 1-0 lo costearía el Gobierno de Rajoy. Como a todos los dirigentes independentistas le pierde el optimismo.

La reunión no sirvió para llegar a acuerdos. Ambas partes reconocen que hay discrepancias importantes, pero que también hay puntos de encuentro, como reconocer que entre el Estado y la Generalitat hay un conflicto político. Como los dos grupos reafirman su voluntad de diálogo habrá una próxima reunión dentro de cinco días. Alguna de las dos partes no tiene excesiva prisa. ERC dice que «sigue en el no» y recuerda sus exigencias: una mesa diálogo entre gobiernos, libertad para abordar cualquier tema, y un calendario con garantías de cumplimiento. Serán los independentistas los que marcarán la tónica de la negociación. Lastra, Ábalos y compañía se conforman con que sus interlocutores se abstengan en la investidura y, luego, tocará roer el hueso de los presupuestos del Estado. ERC tendrá que decidir si opta por poner directamente las cartas sobre la mesa y forzar al Gobierno a explorar los límites del posible acuerdo, con las tensiones que ello acarrearía con los partidos constitucionalistas y la opinión pública española, o actuar con pragmatismo, conformándose con que empiece la negociación entre gobiernos, en espera que de ella salga un acuerdo que ponga el conflicto catalán en coordenadas distintas a las que se mueve en los últimos años. En definitiva: rechazo o exprimir las debilidades del gobierno de coalición.