No obstante, este año hay que hacer una salvedad muy importante, sin la cual no se entienden las cuentas, ya que los 114 millones en que crece el gasto social casi se corresponden con los 103 millones en que aumenta el gasto de personal, un crecimiento, éste último, que no va a redundar en una mayor o mejor atención sanitaria, educativa o social, porque se trata simplemente de compensar la reducción de la jornada de trabajo (de 37 horas semanales a 35) de los funcionarios contratando a más personal para que los sustituyan en las dos horas que dejan de trabajar. Es decir, mismas horas globales prestando el servicio, pero con una nómina más elevada. Podemos decir que la estrella del proyecto es el gasto corriente puro y duro, que no aporta ganancias sociales ni productivas. Para tapar esa triste realidad, partidos, sindicatos y otros colectivos se han puesto de acuerdo para denominar el gasto como inversión social. A ver si aprenden los empresarios: cuando pagan las nóminas de sus empleados están haciendo una inversión social, así que deben volverse más generosos.

Al llegar a este punto hay que hacer dos precisiones. La hinchazón del gasto corriente no se puede atribuir a Adrián Barbón, porque se encontró con unos compromisos del anterior Gobierno firmados en el último año de la legislatura. En segundo lugar, no se trata de una medida unilateral de los socialistas, sino que fue impulsada por Podemos y cuenta con la solidaridad del arco parlamentario. La Junta General del Principado está muy familiarizada con el gasto corriente, empezando por el temprano aumento de las nóminas de los diputados. Con independencia de lo que vote cada grupo parlamentario, justo es reconocer que las cuentas responden perfectamente al sentir colectivo.