Adrián Barbón no contempla bajar los impuestos a las rentas más altas. Sobre la cuestión de los tributos se habló mucho en clave autonómica durante la pasada legislatura. El Gobierno de Javier Fernández se vio en la tesitura de rebajar el tramo autonómico del IRPF y de elevar el umbral de los ingresos exentos de tributación en el Impuesto de Sucesiones por exigencias de sus acuerdos presupuestarios con la derecha. Pese a ello, si se compara la presión fiscal asturiana con la de las regiones cercanas (Galicia, Catilla y León, Cantabria, País Vasco, Madrid), comprobaremos que seguimos teniendo un nivel de imposición alto. La lentitud en los trámites administrativos y el diferencial en los tipos impositivos han frustrado inversiones y desviados proyectos empresariales hacia otras geografías. No hablemos de otros asuntos, como el triste liderazgo de Asturias en la cuestión de las renuncias a herencias. El presidente del Principado ya avisó de que se congelarían los impuestos para el año que viene, un anuncio que no es desdeñable habiendo una mayoría clara de izquierdas en la Junta General del Principado.

En la cuestión fiscal hay que distinguir entre el corto y el medio plazo. Para el año que viene, dados los compromisos de gasto (103 millones de incremento en las nóminas de los funcionarios) recogidos en el proyecto de presupuestos, no hay margen para bajar los tributos. La alternativa sería elevar aún más los niveles de endeudamiento que es tanto como huir de la ceniza y caer en las brasas. A lo largo del próximo periodo de sesiones debería discutirse con sosiego sobre qué nivel de imposición es más adecuado en las figuras fiscales que están bajo el dominio del Principado. Hay que hacer frente al gasto social, competencia directa de las comunidades autónomas, pero no puede ser a costa de hacer perder competitividad a las empresas. La obligada reducción del gasto corriente para poder rebajar la presión fiscal sin ir en detrimento del gasto social, nos lleva obligadamente a reducir la masa burocrática de la Administración. Nos sobran organismos autónomos, entes, fundaciones, asesoramientos, y necesitamos más recursos para las políticas activas.