La sentencia fue posible porque, en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo sometió a consulta del TJUE la situación de Junqueras tras encabezar la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña al Parlamento Europeo y lograr el escaño. Digamos que el presidente del tribunal que juzgó a los dirigentes sediciosos sintió vértigo y prefirió pasarle la responsabilidad al TJUE. El magistrado Marchena volvió a demostrar temor, cuando en contra de la lógica de la instrucción judicial, prefirió en la sentencia rebajar la gravedad de las conductas de los justiciables, descartando la rebeldía y conformándose con la sedición. Como los hechos delictivos fueron televisados se acogió a una interpretación fantástica, al decir que una rebelión conlleva un riesgo real y no «una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de la fundación de una república». Dicho en lenguaje vulgar: era una farsa, nos engañaron a todos.

Desde ayer, la justicia española, que ya había sido desairada por un tribunal belga y otro alemán, recibe de forma gratuita un golpe muy duro que no se puede ocultar. Como se trata de dirigentes políticos, el sistema democrático español también queda afectado, en la misma medida que personas tan poco ejemplarizantes como Puigdemont y Junqueras empiezan a adquirir el perfil de héroes, un pedestal envidiable para hacer política en Cataluña y recibir cierto reconocimiento europeo. Los independentistas quieren aprovechar la ocasión y lanzar una ofensiva como si la justicia europea hubiera declarado inocentes a Junqueras y Puigdemont. El reconocimiento del estatus parlamentario pretenden utilizarlo como arma para anular la sentencia y obtener la consiguiente libertad de los sediciosos sin límite alguno. Para presionar, ERC suspende las negociaciones con el PSOE sobre la investidura y queda a la espera de ver cómo actúa la Abogacía del Estado. Vaya regalo de Navidad.