La Sindicatura de Cuentas ha presentado dos informes sobre la gestión del Principado en el año 2018, uno relativo a la llamada, Cuenta General, que abarca la actividad regular del Principado, así como la de 10 organismos autónomos, 3 consorcios y los fondos de compensación interterritorial. Un conjunto de recursos que se elevan a los 4.400 millones de euros. El segundo informe versa sobre el resto del sector público autonómico, un conjunto de 47 entes participados por el Principado, que van desde 22 empresas públicas y 14 fundaciones hasta las tres cámaras de comercio y la Universidad de Oviedo. La puntualidad al hacer su trabajo de la Sindicatura merecería que fuera correspondida con la misma diligencia a la hora de entregarle la documentación por parte de las instituciones fiscalizadas.
Dentro de una literatura constructiva, hay una diferencia fundamental entre los dos informes.Sobre la gestión de la Cuenta General, la Sindicatura emite una opinión «favorable con salvedades», mientras que «aprueba» la gestión del Sector Público. A lo largo de los dos dictámenes hay un conjunto de advertencias, algunas de ellas ya largamente reiteradas, pero en el caso de la Cuenta General se aprecian determinados vicios o desviaciones que impiden a los síndicos aprobar la gestión, cosa que no ocurre con el proceder de los entes participados por el Principado que integran el resto sector público. ¿Qué borrón se aprecia en la Cuenta General que impide a la Sindicatura dar su aprobación, rebajando su calificación al nivel de «opinión favorable con salvedades»?
Entre los años 2016 y 2018, la mitad de las consejerías del Principado no realizaban un control riguroso (auditorías internas) de las subvenciones nominativas. Al referirse a la educación académica, los pedagogos utilizan a menudo una máxima: lo que no se evalúa se devalúa. Pues bien, esta consigna vale tanto para escuelas, colegios e institutos, como para consejerías de comunidades autónomas o ministerios del gobierno central. La inexistencia de un control metódico, cuando se prolonga en el tiempo, propende al relajo de las actuaciones. Las subvenciones de los gobiernos están en el centro del debate político. Para empezar, estas deben someterse, como ocurre con toda disposición de recursos públicos, al principio de la concurrencia competitiva, algo que solo se da si se garantiza la participación de todos. Ya sabe Barbón donde estamos y ahora solo queda mejorar.