Todos ellos tienen en común la participación en el debate político desde el exclusivo interés de su región o nacionalidad. Sólo están pendientes de las inversiones que se realizan en su tierra chica o de los fondos que puedan apañar para su terruño. El resto les trae al pairo. Para ser ecuánimes digamos que hay una gran diferencia entre los nacionalistas irredentos, que no quieren formar parte de España –cuando no la odian– y los regionalistas que se sienten formando parte de una patria común. No obstante, en la forma de hacer política comparten similares actitudes, porque toman las decisiones sobre los principales problemas del Estado en función de lo que puedan recibir a cambio del gobierno de turno. España es algo más que una retahíla de provincias; la suma de una miríada de intereses localistas no coincide con los intereses generales.

Para votar a favor o en contra de la investidura de Pedro Sánchez no se puede poner como argumento que ha prometido no sé qué mejoras para la accesibilidad de Teruel. Si se quiere poner en valor ese tipo de razonamientos ya están las elecciones autonómicas, pero la gobernabilidad de España no debe estar en función del trato que reciba determinada isla o provincia. La dinámica del localismo, regionalismo o nacionalismo genera aspectos perversos, como la compra del voto por parte del gobierno a base de conceder privilegios que crean la desigualdad entre las comunidades autónomas. Lo que siempre hizo el PNV.

En medio de este panorama desolador destaca la figura de Miguel Ángel Revilla, presidente del PRC, el único partido que votó a favor de la investidura de Sánchez en julio, que va a poner en riesgo la supervivencia del Gobierno de Cantabria que preside «porque ningún AVE justifica cargarse la unidad de España». Un paisano.