LA CUESTIÓN DEL ESTADO
La celebración de la Pascua Militar, con la intervención del Rey, la presencia de la Reina y del presidente del Gobierno en funciones, así como de los ministros de Defesa e Interior y la cúpula de los ejércitos, se celebró en un momento muy especial, en la víspera de celebrarse la segunda y definitiva votación sobre la investidura de Pedro Sánchez. La atmósfera política está muy cargada por culpa de los aliados que buscó el candidato, entre los que destacan los veinticuatro diputados independentistas, catalanes y vascos, de cuyo voto a favor o de su abstención depende la viabilidad de la investidura del líder socialista. Las críticas, directas o veladas, dirigidas en el debate de investidura sobre el poder judicial también han contribuido a aumentar la preocupación. Para contarlo todo, digamos que aunque sea de una manera aislada y marginal se levantaron algunas voces hablando de la necesidad de que el Ejército cumpla con su misión de garantizar la integridad territorial y el orden constitucional.
Sabedor del clima que rodeaba el acto, Felipe VI evitó hacer cualquier referencia que pudiera ser malinterpretada. Recordó el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y la Constitución, un compromiso palpable en «vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor». Al cumplirse los 175 años de la fundación de la Guardia Civil, el Jefe del Estado habló de la actuación de la Benemérita a favor de la seguridad y el bienestar de los españoles, así como de la lealtad con el Estado de Derecho.
A diferencia de ocasiones precedentes, a lo largo del debate de investidura hubo varios portavoces que cuestionaron el actual Estado constitucional. Los apoyos de los independentistas no están basados en la política económica o en la gestión de los servicios públicos sino en la posibilidad de cambiar el ordenamiento jurídico para transformar el Estado de las Autonomías en otro tipo de modelo territorial que permita entes soberanos que tengan una relación amable con España. Lo de la amabilidad ya era una fórmula de cortesía utilizada por Juan José Ibarretxe cuando presentó el nuevo estatuto político de Euskadi que pretendía convertir el País Vasco en un Estado libre asociado. La llevó al Congreso de los Diputados en 2005 y tuvo 313 votos en contra y 29 a favor. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Los independentistas tratan de obtener por la vía de los pactos lo que intentaron en 2017 saltándose la legalidad. ¿En qué acabará todo?