No hay un solo perfil para el puesto de director general. Cualquier ministro, al elegir a su equipo, tiene un margen amplio de decisión. Irene Montero se arrepintió de haber escogido a Alba González, sin darle tiempo a que tomara posesión del cargo. Es muy inusual, por no decir excepcional, desdecirse de un nombramiento a los dos días de haberlo realizado. Tiene que haber poderosas razones para rectificar, que por lógica deberían estar relacionadas con algún asunto que desconocía la autoridad política cuando procedió al nombramiento. Nada de eso ocurre con Alba González. No hay en su pasado algo que le impida asumir el cargo ofertado. El problema reside en el color de su piel. Algunos colectivos se quejaron de Irene Montero por haber elegido a una «señora blanca», como si no conociera a personas «racializadas». Rita Bosaho, con muy buen currículo, cumple con el color del cargo y es la nueva directora general.

El problema no es lo que pidan unos u otros colectivos, a fin de cuentas la diversidad de demandas es lo propio de la sociedad democrática, el aspecto cuestionable es el baremo que aplica la ministra. Con piel negra o blanca cualquier ciudadano de este país puede ocupar los más variados puestos de la Administración pública con tal de que su cualificación profesional y experiencia laboral lo habilite para ello. Si hubiera algún puesto que estuviera vetado a negros o blancos, hay que pasarle la información a la Fiscalía. El color inadecuado de Alba González es el síntoma de un problema grave y extendido: la sustitución de los intereses generales por la suma de los intereses de los colectivos o minorías. Si seguimos esa pauta, dentro de unas décadas, en los gobiernos deberá haber un agricultor o ganadero (intereses del campo), un ingeniero (intereses de la industria), un médico (gestión de la sanidad), un profesor (titular de la educación), un parado (oficinas de empleo), un sin techo (parque de viviendas), un militar (Defensa), un jubilado (pensiones), un catalán (Política territorial), etc. Ese día, en vez de Gobierno de España tendremos una coordinadora que atenderá las reivindicaciones de los más variados colectivos.