Un día, como ayer, se mezclan en el debate político asuntos heterogéneos: el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) a favor de suspender la sentencia que inhabilita a Torra como diputado hasta que el tribunal la convierta en firme y la guerra abierta entre el Gobierno de coalición y la oposición de derechas por el llamado pin parental, acordado en la Región de Murcia dentro del pacto por los presupuestos.

Tengo que confesar que me llevo una alegría cada vez que una sentencia supone un revés para los independentistas, sin embargo, la posición de la Fiscalía en este asunto me parece acertada. Retrasar la inhabilitación de Torra para la política es un mal menor al lado del efecto que produciría una decisión del TS contraria a la pérdida de escaño. El resultado sería que Torra estaría en la calle protestando –no sin falta de razón– por la injusticia cometida al despojarlo del escaño por ejecutar una sentencia que había sido recurrida por él, sin esperar a lo que fallara el tribunal superior. Si la decisión de la Junta Electoral Central fue vista por los independentistas como un «golpe de Estado de libro», no quiero pensar lo que dirían entonces. Seamos firmes con los independentistas, pero sin perder el sentido común.