El ‘pin parental’ es el mayor problema de España. A su lado, el desafío independentista, la deuda pública, la productividad, el paro, el déficit público, el modelo de financiación autonómica y la sostenibilidad de las pensiones carecen de importancia. Como diría Ortega, el ‘pin parental’ es el tema de nuestro tiempo. ¿Tienen derecho los padres a impedir que sus hijos, alumnos de infantil o primaria, asistan a charlas relacionadas sobre los distintos tipos de orientación sexual dadas por colectivos especializados en la materia? Ante la pregunta brotan, como por ensalmo, las dos Españas: el Gobierno de coalición niega que los padres tengan la más mínima capacidad de veto, porque no son dueños de sus hijos, y la oposición de derechas considera que es un derecho inalienable de los progenitores que nadie les puede enajenar.

Pablo Casado afirmó que el pin parental es «más importante que la política territorial» y que por esa cuestión están en política, para que «nadie meta la mano en nuestros hogares». El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno de coalición sacó su armada invencible y mandó a la rueda de prensa a María Jesús Montero (portavoz), Isabel Celaá (Educación) e Irene Montero (Igualdad). Tres ministras para argumentar sobre un asunto elemental que cualquier miembro del ampa de un colegio sabe explicar con soltura. Resumen: los padres no tienen pito que tocar, y «los padres y las madres machistas no pueden impedir la educación pública feminista para sus hijos». Los dos bandos saben rasgarse las vestiduras y están encantados de debatir sobre el asunto.