El debate sobre el ‘pin parental’ ha llegado al Principado a través de una proposición no de ley de Vox. Ignacio Blanco ha recordado que la mayoría de los contenidos afectados son extracurriculares, dados por personas no adscritas a los centros. A la hora de explicar la necesidad de contar con el visto bueno de las familias, hizo alusión a las autorizaciones que deben dar los padres para que los hijos se puedan desplazar con los profesores a realizar cualquier actividad cultural o recreativa fuera del recinto escolar. En su opinión la consejería no se debería llamar de educación, sino de enseñanza, porque «los valores (educación) los transmiten en casa, no en el colegio».

Dos premisas para fijar las coordenadas de la discusión. El debate es fundamentalmente político e ideológico, no educativo. La cuestión adquirió notoriedad pública a través de un pacto presupuestario del Gobierno de Murcia (PP y Ciudadanos) con su aliado parlamentario, Vox. La controversia no surgió a partir de un conflicto escolar concreto, sino debido a una demanda de Vox que quería introducir en la negociación del presupuesto de la comunidad autónoma murciana una propuesta recogida en su programa electoral. Parafraseando a Gabriel Rufián, «si no hay pin, no hay presupuesto». PP y Ciudadanos comprendieron que la aprobación de las cuentas bien merecía atender la exigencia de su socio. Segunda premisa: el famoso ‘pin parental’ no pertenece al núcleo del modelo educativo. El pin no es un valor protegido por la constitución, sino una forma de participar las familias en los contenidos de los programas extracurriculares. Si hay buena voluntad, ponerse de acuerdo gobierno y familias en este asunto no lleva ni dos reuniones del Consejo Escolar del Estado. En muchas experiencias educativas, apoyadas por los gobiernos autonómicos de izquierdas, padres y madres participan en las aulas. También en la famosa cuestión de los valores morales, éticos o ciudadanos pueden hacerlo.