De manera cautelar el Tribunal Supremo retiró el acta de diputado a Quim Torra sin aceptar el criterio de la Fiscalía que pedía la demora de la decisión hasta que hubiera una sentencia firme sobre el supuesto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central por no retirar una pancarta que colgaba de un balcón de la Generalitat en la que se daba apoyo a los líderes del ‘procés’ que están en prisión. En la sentencia no se alude al cargo de presidente de Torra sobre el que debe decidir el ‘Parlament’ siguiendo lo establecido en el ‘Estatut’. Conocida la sentencia, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha dado un plazo de dos días a la Cámara autonómica para que designe al sustituto de Torra en el escaño. Por su parte, Torra se considera inviolable por la Justicia, al decir que a él le eligió «la ciudadanía y lo ratificó el Parlament».

El embrollo jurídico-político es de aúpa, propio de un guionista creativo. En los próximos días pueden incurrir en delito de desobediencia y prevaricación, desde el ‘president’ hasta el más silencioso de los diputados independentistas. En el ‘Estatut’ se dice de forma explícita que para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado, así que Torra es ya teóricamente un ciudadano en paro. Para liarlo todo, los servicios jurídicos de la Cámara catalana redactaron un informe donde afirman que se puede seguir siendo ‘president’ tras perder el escaño. El grupo socialista, capitaneado por Miquel Iceta, ha urgido al presidente del ‘Parlament’ para que solicite otro informe antes del pleno parlamentario del lunes. Desde el año 2017, la opinión pública española está acostumbrada al ‘carajal’ de la política catalana. Hasta ahora, fueron los jueces y fiscales los que pusieron orden ante la subversión que introdujeron en las instituciones los políticos independentistas.