PP y Podemos quieren que se incluya la problemática de la descarbonización en el modelo de financiación autonómica, así como el déficit de infraestructuras. Es difícil anticipar la respuesta del Gobierno y de la Junta General del Principado a estas demandas. Todos los partidos desean encontrar razones para exigir más recursos para Asturias. Como atravesamos en España un periodo en el que las reglas tienen una elasticidad ilimitada, es probable que el resto de partidos apoye los nuevos argumentos que enarbolan ‘peperos’ y ‘podemistas’. La llamada «transición ecológica justa» implica inversiones por parte del Estado para que las comarcas o regiones que vean clausuradas minas o térmicas se vean compensadas con nuevos proyectos energéticos o industriales para mantener la actividad económica y el empleo. La vicepresidenta, Teresa Ribera, ha repetido muchas veces esta doctrina.

La cuestión está en saber qué tiene que ver la financiación autonómica con la transición ecológica justa. La financiación autonómica plantea el reparto de recursos fiscales para que las comunidades puedan prestar servicios públicos de forma equitativa, evitando que las regiones ricas tengan una sanidad o una educación de mucha mayor calidad que las pobres. El objetivo es que todos los españoles gocen de la misma calidad de servicios con independencia de la región en que vivan. La parte central del modelo de financiación está ocupada por establecer los flujos de recursos entre comunidades autónomas y entre el Estado y las regiones.