Más que un debate entre el Principado y los grupos de oposición sobre la financiación territorial, lo que hubo fue una reunión de trabajo para recoger todas las propuestas. Hay acuerdo sobre las variables a ponderar (envejecimiento, dispersión de la población, orografía). Nada nuevo. Las mismas cuestiones sobre las que ponía el acento el presidente Álvarez Areces hace más de quince años. Hubo dos aportaciones novedosas: Mallada quiere que se incluya, como rasgo de la «idiosincrasia del territorio», el alto porcentaje de parados de larga duración y Lorena Gil propone hacer valer la «insularidad» asturiana, entendiendo por tal los dos peajes en la autovía a Madrid, la escasez o ausencia de conexiones aéreas, etc.

Nuestros diputados, movidos por el noble afán de defender los intereses de Asturias, pueden formular todo tipo de propuestas, pero el modelo de financiación autonómica tiene unas reglas que no se van a cambiar desde Oviedo. Una parte fundamental del cálculo de los recursos que necesita una región es lo que se llama «necesidades de gasto». Para ello se pondera el número de habitantes de cada territorio por unas variables (población protegida, edad escolar, mayores de 65 años, dispersión, superficie, etc.) que aparecen cuantificadas. No se puede inventar lo que no hay en la ley. Por cierto, entre los factores está la insularidad, pero entendiendo por tal un trozo de tierra rodeado de mar, nada de peajes, ni de aviones. Tampoco merece la pena discutir sobre la cuestión, porque en el sistema sólo se le aplica un 0,5%. Me gustaría saber qué piensan Adrián Barbón y Ana Cárcaba sobre ello, porque no hay peor acuerdo que los basados en malentendidos.