La finalización de la instrucción judicial sobre los cursos de formación de UGT y la acusación del fiscal, en la que se piden diez años de cárcel para los principales imputados, muestra la sintonía entre la jueza instructora y la Fiscalía, al dar ambos por probado que media docena de dirigentes habían colaborado para desviar 1,4 millones de euros de las subvenciones para la formación a sociedades participadas por el sindicato. Los costes de los cursos se habrían inflado artificialmente para recibir más dinero, incluyendo entre los gastos de personal los sueldos de empleados que no hacían trabajos de formación. El fiscal señala que uno de los objetivos de la actuación fraudulenta consistía en lograr recursos para enjuagar las pérdidas (1,2 millones) causadas por una promoción inmobiliaria. En otras ocasiones hemos oído interpretada esta música lejos de Asturias.
Se entra ahora en el periodo que media desde el fin de la instrucción hasta la apertura del juicio oral. En la inmensa mayoría de los procesos esta fase no tiene nada de particular. Otra cosa es en las causas mediáticas, donde algunos imputados son muy conocidos, y las valoraciones del juez instructor y de la Fiscalía adquieren en el seno de la sociedad la dimensión de sentencias firmes. Repetir la coletilla de que son «presuntos» culpables no sirve de nada. Luego vendrán las fotos y vídeos en el banquillo de los acusados para acabar de convencer a los dubitativos. La famosa «pena del telediario». Se puede argüir que es la consecuencia de ser famoso, pero no deja de ser un efecto perverso del sistema, ya que es difícil salir indemne de la sobreexposición, sea cual sea, al final, la sentencia. Esta reflexión vale tanto para Bárcenas y Undargarin, como para Griñán y Chaves.
El Principado está personado en la causa, pero todavía no ha sacado las conclusiones jurídicas pertinentes. La portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, señaló que ha quedado demostrado que el Principado ejerció el control necesario sobre los fondos. Triple salto mortal. Si por control se entiende que se exigieron los justificantes de gasto, no hay por qué dudar de que se haya realizado, pero la tarea de controlar va más allá de la función de recabar formalmente la documentación. El Principado está personado como acusación y la consejera dice que los servicios jurídicos decidirán, autónomamente, la postura a seguir cuando lo consideren oportuno. Todo un marrón para el Gobierno socialista.