IMPORTANTE, PERO NO URGENTE
Gobierno y grupos parlamentarios celebraron la segunda reunión sobre la financiación autonómica con la idea de consensuar unas ideas básicas para que las defienda la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la ministra del ramo, María Jesús Montero, y con participación de las autonomías de régimen común (todas, menos País Vasco y Navarra).
La cuestión de la financiación tiene una gran transcendencia, porque el Principado recibe el 77,8% de los recursos por esa vía. Es importante, pero no es urgente, porque no se dan las condiciones idóneas para que el Gobierno de Pedro Sánchez abra el melón de la financiación. Veamos.
Las previsiones legales cifran en cinco años la duración del modelo, así que en 2014 debería haberse revisado, pero Rajoy, pese a contar con mayoría absoluta en el Parlamento, no se atrevió a hacerlo. Seguimos con el modelo de 2009 prorrogado, una cuestión que no creo que inquiete a Pedro Sánchez, capaz como fue de gobernar en funciones sin mayores problemas.
Es cierto que la recaudación tributaria concede un cierto margen para que el Estado aporte más recursos al sistema de financiación, pero menos de lo imaginado. El hecho de que el Gobierno se niegue a devolver la liquidación del IVA de 2017 a las regiones es muy significativo. Además, la Comisión Europea no permitirá excesos con el déficit público. Para pactar el actual modelo el Ministerio de Hacienda aportó 11.000 millones de euros adicionales. Otro incremento así en gasto público autonómico será difícilmente digerible por los supervisores de Bruselas.
Cataluña
Con todo, el mayor problema no está en el dinero, sino en la política. ¿Cómo se pacta un nuevo modelo sin que Cataluña se siente en la mesa? ¿Cómo se reparten los recursos entre las administraciones estando ausente el 19% del PIB nacional?
La salida previsible a la crisis catalana pasará por renuncias mutuas: unos aplazarán ‘sine die’ el referéndum de autodeterminación y los otros tendrán que hacer concesiones fiscales. El modelo del País Vasco volverá a ser una referencia para los nacionalistas catalanes. En 2012, Artur Mas se lo demandó a Rajoy y el rechazó originó el salto a la vía soberanista.
Pedro Sánchez puede optar por prorrogar el actual modelo, que será modulado con dos instrumentos, la utilización de los nuevos fondos creados por Cristóbal Montoro, una suerte de créditos blandos de los que una tercera parte (70.798 millones) ya fueron para Cataluña, y el recurso a la bilateralidad como forma de negociar con los territorios. Hace un año, Valencia resultó favorecida con la condonación de una deuda de 300 millones de euros, mientras el resto de territorios pasaba envidia.
Argumentos
Como estamos hablando de Pedro Sánchez, el futuro es una incógnita y quizás por eso hagan bien los políticos asturianos en preparar una alternativa.
En la reunión de esta semana, algunos partidos recomendaron sondear a los gobiernos regionales que están en parecidas circunstancias a la nuestra. El noroeste (Asturias, Galicia, Castilla y León) tiene una problemática similar, que también es extensible, en alguna medida, a La Rioja, Aragón o Extremadura.
Los aspectos a poner en valor no son novedosos: envejecimiento de la población, dispersión por el territorio y orografía. Esos factores encarecen la prestación de servicios públicos. Se puede pedir que tengan más peso relativo a la hora de calcular el coste total de los servicios. De ser así saldríamos beneficiados. Soy escéptico sobre lo que podamos avanzar en esa materia.
Como asunto a incluir en el modelo de financiación está el declive demográfico y la despoblación: la Asturias vaciada. La despoblación del área rural hace que el coste por habitante de mantener una escuela o un ambulatorio sea más elevado. Es un asunto de moda al que puede ser más sensible el Gobierno de Pedro Sánchez.
Otro tipo de cuestiones que manejan algunos partidos, como el nivel de paro, el déficit de infraestructuras de comunicación, etcétera, pueden formar parte de las asignaturas pendientes del Estado con Asturias, pero no tienen fácil encaje en el modelo de financiación autonómica.
La prioridad
Para el Gobierno asturiano la prioridad es la armonización fiscal. Que el Gobierno central impida por ley las rebajas fiscales de algunas comunidades, como Madrid, para que los patrimonios y las rentas no se vayan de Asturias para radicarse allí.
El Principado cuenta con la solidaridad del Gobierno de coalición, pero adoptar esa política tiene un coste electoral. Decir, por ejemplo, a los madrileños que van a pagar más impuestos porque Pedro Sánchez obliga a su gobierno autonómico a retirar bonificaciones o exenciones es una provocación.
En la lógica del Estado autonómico, como en la lógica del Estado federal, la descentralización del poder conlleva capacidad de decisión sobre las competencias transferidas. El autogobierno implica poder subir o bajar el tramo autonómico del IRPF. La armonización no puede implicar igualación sin dañar el concepto de autonomía.
En cualquier caso estamos de enhorabuena, porque esta semana en la Junta General del Principado se habló de política de verdad: industria y modelo de financiación.