Se celebró la anunciada reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el palacio de la Generalitat. Un encuentro sin tensiones, con discrepancias de fondo y acuerdos concretos. El presidente del Gobierno de España llegó a la reunión con material debajo del brazo; tres o cuatro folios que contenían 44 medidas «para el reencuentro». Torra, por su parte, no necesitó papeles porque se sabe la lección de memoria: amnistía y autodeterminación. Según el líder independentista, el presidente del Gobierno ofreció mejorar el autogobierno dentro de la Constitución. Hay discrepancias claras.

Acuerdos. Este mes se constituirá la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. La primera reunión será presidida por ambos presidentes. También queda abierta la puerta para convocar la comisión bilateral entre los gobiernos, que está recogida en el Estatut, con el objetivo de mejorar la financiación de Cataluña y tratar sobre traspasos de competencias.

Entre las 44 medidas, Sánchez incluyó la desjudicialización del conflicto catalán, propuesta que favorece directamente a los independentistas, una familia política dirigida por huidos de la justicia o por delincuentes que cumplen pena de cárcel. Otras ofertas del presidente del Gobierno fueron la reapertura de «embajadas» catalanas, el impulso a las infraestructuras y el respaldo ante las catástrofes. Torra va a convocar elecciones; el Tribunal Supremo le despojó del escaño en el Parlament y, previsiblemente, resolverá dentro de unas fechas que no reúne las condiciones para presidir la Generalitat, un cargo al que sólo pueden acceder los diputados autonómicos. Quiero decir que, desde una perspectiva política, es un hombre público amortizado. La visita de Sánchez es una suerte de rehabilitación moral. Dejando a un lado los protagonistas, la mesa de diálogo acordada marca la senda de un imposible pacto, siempre que unos y otros sean fieles a lo que han declarado hasta ahora. Ni Sánchez va a firmar la autodeterminación ni Torra va a aceptar cualquier reforma que no lleve consigo la celebración de un referéndum para abandonar España. Otro asunto interesante es la consolidación de un marco bilateral del que puede sacar Cataluña todas las ventajas que se niegan al resto de regiones. Es duro comprobar que el Ministerio de Hacienda rechaza transferir la recaudación del IVA de 2017 a los asturianos, andaluces o riojanos, y que se prometan recursos extraordinarios para los catalanes.