Choque entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda se mantiene enrocada en su posición inicial de no devolver a las regiones el dinero pendiente de la liquidación del IVA de 2017. Queda por liquidar la recaudación de un mes y María Jesús Montero dice que ya pasó el tiempo de reclamarlo. Las excepcionales circunstancias políticas atravesadas el pasado año, con un gobierno en funciones, no permitieron hacerlo. En disputa hay un total de 2.500 millones –75 millones del Principado– que el Ministerio de Hacienda quiere retener, aunque les corresponden a los gobiernos regionales. El asunto se va a resolver en los tribunales, pero María Jesús Montero, como portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegura que hay que desjudicializar la política. A los políticos delincuentes se les ofrecen vías alternativas a la justicia y a los honrados se les niega el diálogo y la negociación, dejando abierta la vía jurisdiccional. Rollo fluido con Torra, ERC, PNV y Bildu, cerrazón con los gobiernos democráticos.

La ministra ofreció a las comunidades autónomas una compensación por la recaudación retenida de IVA, consistente en elevar el techo de déficit público del 2020 al 0,2%, cuando estaba previsto que hubiera equilibrio presupuestario. Dicho de otra forma: les niega el dinero que les corresponde pero les da licencia para engordar sus deudas. No les da dinero para gastar, pero permite que realicen los mismos gastos e inversiones asumiendo más créditos y préstamos. Desde la lógica del Estado es una operación rechazable, ya que una parte importante de la consolidación fiscal, comprometida con la Unión Europea, pasa por que los gobiernos autonómicos asuman una disciplina en la gestión de las cuentas en línea con el esfuerzo realizado por los ayuntamientos. Si la Seguridad Social y las regiones equilibran ingresos y gastos dejaremos de ser los campeones del déficit de la Unión Europea, tras Chipre y Rumanía. Dar dos décimas a las regiones para que repunte el déficit es absurdo, como irracional es bloquear fondos que les pertenecen para pagar los servicios públicos, animando a que lo financien con dinero ajeno.