EL DINERO DE LA PATRIA
La primera escaramuza entre el Gobierno y las comunidades autónomas tuvo lugar el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, sacó adelante su propuesta de no entregar 2.500 millones de euros a los gobiernos regionales (correspondientes a la liquidación del IVA de 2017), dándoles en compensación la posibilidad de gastar más este año: dos décimas de déficit.
Los consejeros del PP rechazaron el trueque y los socialistas lo aceptaron. Estoy seguro que a los dirigentes del PSOE les resultó difícil plegarse a los dictados de la ministra, pero la legislatura acaba de empezar y Sánchez acumula demasiado poder como para enfrentarse. El ‘sanchismo’ todavía es una tendencia sin objetores, y nadie quiere ser el primero en romper la disciplina.
Desparpajo
María Jesús Montero realizó la propuesta echándole una gran dosis de desparpajo. En pleno Consejo de Política Fiscal y Financiera dijo algo así como esto: no os entrego el dinero que es vuestro para pagar las facturas en sanidad, educación o servicios sociales, pero os doy permiso para pedir créditos y hacer de esa forma los pagos.
No es lo mismo gastar con el dinero de uno que hacerlo a través de un préstamo, porque antes o después habrá que devolverlo. El asunto tendrá consecuencias porque aceptar semejante oferta es indigesto. Lo más importante de la escaramuza estriba en que pone en guardia sobre la financiación territorial. Veamos.
Desde 2014 la financiación autonómica se rige por un modelo en precario, ya que ese año tocaba revisarlo y no se hizo. La situación de provisionalidad se prorroga en la actualidad ¿Cómo puede mantenerse tanto tiempo un sistema que caducó sin que estallen las tensiones territoriales?
En la primera legislatura de Rajoy, el Gobierno de España salió al rescate de la Generalitat. La historia es bien conocida. Artur Mas había emitido unos «bonos patrióticos», con el 4% de interés; ante semejante chollo, los catalanes compraron todo el papel. A los dos años se amortizaban los bonos y Mas no tenía dinero. El Govern empezó a dar gritos de socorro en dirección a Madrid.
Cristóbal Montoro se citó con Junqueras en el aeropuerto para tener un contacto discreto (de ahí cogió Ábalos la idea) y el ministro de Hacienda confeccionó un traje a la medida de la Generalitat: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El último mensaje del Govern rezaba así: «el dinero tiene que llegar para el miércoles».
La anécdota es un claro exponente de la política de Rajoy hacia Cataluña: conceder cualquier cosa con tal de que le dejen en paz. Con esa mentalidad tragó la consulta del 9 de noviembre de 2014 que fue el prólogo del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Retomemos el tema de hoy. Por la puerta de atrás, el Gobierno de Rajoy creó un fondo (FLA) que primó a unas comunidades autónomas sobre otras. En la normativa se especificaban las condiciones para solicitar dinero, y el articulado respondía a las necesidades de Cataluña, no a las de Asturias, Madrid o Aragón.
Todos los gobiernos que quisieron recibieron dinero; siguiendo la norma a unos les tocó mucho más que a otros. Entre 2012 y 2017, periodo en que el Gobierno nutrió con más recursos al FLA, Cataluña recibió 63.952 millones, un tercio del total, y Asturias se conformó con 694.
Entre el Fondo de Liquidez Autonómica y el programa de pago a proveedores, el Gobierno de Rajoy puso las bases para afianzar un sistema alternativo de financiación a las comunidades autónomas, sin negociación con los territorios y con una conveniente dosis de opacidad.
Gracias a esos instrumentos, Valencia aceptó que perdurara un sistema oficial de financiación que la discriminaba en recursos por habitante. Para solucionar sus problemas económicos, Valencia recibió del FLA cerca de 50.000 millones. Entre Cataluña y Valencia se llevaron la mitad del FLA.
Sánchez
Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, prometió negociar un nuevo sistema de financiación con las comunidades autónomas, pero no ha dado ni un paso en esa dirección. Continúa vigente el modelo aprobado en 2009.
El pasado año tuvo un «detalle» de 300 millones con Valencia y esta semana le ofreció a Torra más dinero para la Generalitat. Con Rajoy tomó cuerpo legal la bilateralidad y con Sánchez se va a afianzar.
Desde la primera formulación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el sistema de financiación se acordó en una negociación multilateral entre Gobierno central y autonómicos. Un método transparente que no permite tratos de favor. País Vasco y Navarra tiene constitucionalizados sus privilegios por eso no asisten a las reuniones de financiación. Comen en mesa aparte.
A lo que voy: defender la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica de forma multilateral, con todas las partes tomando asiento en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no solo es una salvaguarda de los derechos de las regiones más débiles (Asturias), sino que es la única forma de impedir que los independentistas catalanes asalten por segunda vez la caja del Ministerio de Hacienda. Si ellos agitan bonos patrióticos, los demás sabemos defender la patria de todos.