UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Pedro Sánchez y Pablo Casado se entrevistarán el lunes. El simple hecho de que se reúnan para hablar los dos principales líderes del país es una buena noticia. Cualquiera que haya seguido el debate de investidura del pasado mes de enero en el Congreso de los Diputados habrá quedado escandalizado del nivel de enfrentamiento que hay entre los grupos de izquierda y derecha. Pasamos de ser el país de la moderación, el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos, en la época de la Transición, a la democracia degradada por culpa de la cúpula de la clase política. Con la excepción de Cataluña, en España las tensiones sociales son perfectamente soportables, lo que no es de recibo es la irresponsabilidad de los dirigentes, capaces de decir una cosa y su contraria en menos de veinticuatro horas, y de entenderse con fuerzas contrarias a la Constitución en vez de pactar con los que respetan el ordenamiento jurídico. En manos de Sánchez y Casado estuvo enderezar el rumbo de la gobernación de España tras las elecciones generales del 28 de abril, y después de la última convocatoria a las urnas del 10 de noviembre. Ninguno de los dos dio un paso en esa dirección. Si lo niegan, mienten.
En el entorno del presidente se sugiere que un asunto a negociar es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es cierto, el mandato de los actuales miembros del CGPJ finalizó en diciembre de 2018. No obstante, creo que el diálogo no debe empezar por ahí si quieren llegar a buen puerto. En un momento en que los jueces representan el único poder que no controla el Gobierno de coalición y tras la chirriante designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, la negociación sobre el CGPJ está condenada al fracaso. Lo primero es restablecer un mínimo de confianza y comprometerse a tener contactos periódicos para hablar sobre los principales problemas del país, empezando por Cataluña. La cuestión de Torra, un presidente que ya perdió el escaño y está a punto de quedar sin el tratamiento de honorable, sostenido artificialmente por el Gobierno de coalición, requiere clarificación. Lo mismo cabe decir de la mesa de negociación con los independentistas. No se puede dar certificado de normalidad a lo que es anómalo.
Pablo Casado tiene que renunciar a ir al encuentro con los titulares preparados para la posterior rueda de prensa, pensando que el disenso le favorece y el consenso le perjudica. No se puede hacer política de Estado mirando por el retrovisor a Abascal.