El consejero de Industria, Enrique Fernández, afirmó en la Junta General del Principado que el Gobierno asturiano trabaja para que el reparto del fondo de la transición justa sea más favorable para España. El Principado busca la alianza con otras regiones, como Aragón o Castilla y León, que también sufrieron pérdidas de empleo con el cierre de la minería. El asunto es importante, pero sobre todo irritante. Veamos.

Como tantos otros inventos de la Comisión Europea, la iniciativa es compleja y farragosa. El fondo se nutre del presupuesto de la Unión Europea, de la aplicación de fondos estructurales al objetivo de reactivar territorios en declive por la transición energética y la consiguiente obsolescencia industrial, y de inversión privada que se arrima al dinero público esperando sacar rendimiento de la famosa descarbonización del mix energético. Cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, presentó el fondo a la Eurocámara dijo que mandaba «un mensaje a los mineros de Asturias, Silesia y Macedonia Occidental». Unas palabras bellas y emocionantes que desmienten los números: de 7.500 millones que va a poner la Comisión Europea, a España le tocan 307 (4%), mientras que los países embardunados de carbón, como Alemania, Polonia o Rumanía se quedan con más del 50%. Los burócratas de Bruselas establecieron que ningún país debe recibir del fondo menos de seis euros por habitante; España cumple la norma, al recibir 6,6 euros ‘per capita’. Francia, con el 70% de su mix energético ocupado por las centrales nucleares, también recibe más dinero que España. Holanda, lo mismo. De risa. La previsión europea señala que el Fondo para la Transición Justa alcance los 104.000 millones, una vez que se asignen los fondos estructurales y se sume la iniciativa privada. España recibiría 4.456 millones, mientras que Polonia se llevaría 27.000 millones y 13.000 serían para Alemania. ¿Es justo el reparto de la transición justa?