PSOE y Unidas Podemos han creado dos comisiones (ahora estas cosas se suelen llamar ‘espacios de diálogo’) para resolver las diferencias que surjan en la práctica de gobierno. Una comisión es de miembros del Ejecutivo, en sentido amplio, y la otra es de parlamentarios. Dos instrumentos para evitar que haya accidentes en la conducción del país. Tras mes y medio al frente del Gobierno han surgido diferencias entre los dos socios. El Ministerio de Igualdad (Irene Montero) trabajó a destajo para redactar la ley de libertad sexual, y el Ministerio de Justicia (Juan Carlos Campo) la dejó aparcada sin tramitar. Para Unidas Podemos es fundamental aprobarla antes del 8 de marzo, mientras que Carmen Calvo dijo que todos los proyectos deben pasar por la comisión de secretarios de Estado y vicesecretarios, que ella preside. Unidas Podemos quiere llevar ya el texto al Consejo de Ministros, aunque el PSOE prefería esperar para realizar todos los cambios del Código Penal juntos, los derivados del proyecto de libertad sexual y los relacionados con el delito de sedición para anular la pena de Junqueras.

Es un tanto penoso que haya que acudir a un órgano de mediación interna por semejante discrepancia. Para la sociedad, lo importante es que la variante de Pajares lleve diez años de retraso o que se apruebe un estatuto para las industrias electrointensivas que protege a las que no lo son y deja a la industria pesada asturiana desamparada ante la competencia francesa o alemana. Que la citada ley se apruebe quince días antes o después es socialmente irrelevante. La prioridad de la norma estriba en la necesidad de Montero e Iglesias de presentarse ante las manifestantes del 8 de marzo como grandes defensores de la causa. Pedro Sánchez les dio la razón y se felicitó porque el proyecto «nos sitúa a la vanguardia de la igualdad de género y de la protección y seguridad de las mujeres». Si acepta el presidente del Gobierno que Torra le dé collejas en público, cómo no va asumir la corrección fraternal de los «podemitas».