Tras tres horas de reunión se supo que las partes se han puesto de acuerdo en verse una vez al mes alternando de sede, primero en Madrid, la siguiente en Barcelona y así sucesivamente. Torra definió la sesión como «mesa cero», y que en las próximas citas se profundizaría en la materia. Pese a tener un carácter preliminar, el presidente reconoció que hubo un diálogo abierto en el que se constató la distancia que hay entre las partes al hablar de la naturaleza del conflicto y de las posibles soluciones. Al parecer, Pedro Sánchez propuso discutir sobre temas sectoriales, pero Torra desvió esa mercancía para la comisión bilateral, Estado-Generalitat, que piensa convocar inmediatamente. La citada comisión está prevista en el Estatuto de Autonomía.

Las dos delegaciones convinieron que cualquier acuerdo al que se llegue será «en el marco de la seguridad jurídica». En principio, esa cautela favorece los intereses del Estado, porque las normas legales, desde la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, a cualquier otra de menor rango, forman parte de nuestro sistema democrático. Ahora bien, la legalidad se puede cambiar, y quizás Sánchez y Torra contemplen una modificación del sistema para dar satisfacción a la Cataluña gobernada por los independentistas. Solo podemos hacer conjeturas porque hay mucho hablado entre unos y otros bajo un manto de opacidad.