Los socios de la investidura de Pedro Sánchez solicitan en el Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación sobre «presuntas actividades corruptas» del Rey emérito. Al conocerse que la Fiscalía suiza investiga una donación de 60 millones de euros recibida por Corinna Larsen, procedente de una fundación panameña que recibió financiación del Gobierno de Arabia Saudí, se pusieron en movimiento. Unidas Podemos, ERC y Compromís abren un frente político al que también va a sumarse el PNV. Hasta la fecha, el PSOE, como partido de gobierno, siempre cerró filas con la Corona. La actual coyuntura política tiene unos perfiles novedosos que impiden saber lo que ocurrirá. No es la primera vez que se solicita en el Parlamento la apertura de una investigación sobre actividades de don Juan Carlos de Borbón.

En el año 2018, los letrados de la Cámara advirtieron que el Parlamento tiene entre sus competencias controlar al Gobierno, pero no le corresponde investigar al Jefe del Estado. En un dictamen jurídico hicieron mención al artículo 56 de la Constitución, donde se dice que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Los letrados interpretaron que la inviolabilidad no prescribe.Jurídicamente, la petición de los aliados de Pedro Sánchez no tiene excesivo recorrido, ya que la legalidad es clara y precisa sobre la cuestión, pero es muy difícil poner puertas al campo del debate político. Pedro Sánchez convocó la comisión de seguimiento del pacto de gobierno para el próximo jueves. En principio se hablará de los asuntos conflictivos, como la ley de libertad sexual o la circular del Ministerio de Trabajo sobre el proceder en las empresas ante el coronavirus. La comisión parlamentaria de investigación sobre el padre del Rey también podría entrar en la agenda, aunque creo que es un asunto demasiado delicado para tratarlo entre tanta gente.