Sin embargo, la administración, por culpa de sus enrevesadas normas, tiene dinero acumulado para realizar inversiones y relanzar la economía sin que se utilice. Desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, año 2012, el superávit de los ayuntamientos está inmovilizado en los bancos esperando que un ministro de Hacienda juicioso dé la orden de liberarlo. En el caso de los consistorios asturianos alcanza un monto de 412 millones. Si los regidores pudieran contar con ese dinero, es muy probable que una parte redundara en favor del turismo y el transporte. Los alcaldes asturianos saben que en las regiones costeras el hundimiento del empleo en la construcción durante la pasada crisis económica fue paliado, en parte, gracias al crecimiento de la demanda de mano de obra en la hostelería y la hotelería. En el transporte de mercancías por carretera somos el tercer país en generar empleo de Europa, solo por detrás de Francia y Polonia. Como dicen los empresarios del sector, «el transporte español mueve Europa». Dentro de la UE, sólo Polonia hace más servicios internacionales que España.

El ICO ofrece 400 millones para activar la economía y los 78 ayuntamientos asturianos tienen 412 millones que no les dejan tocar. Si juntamos los superávit de los 8.131 ayuntamientos españoles se podrían inyectar muchos recursos en sectores que tienen un peso indudable en la economía de las ciudades. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo se le pide una firma.