Si no fuera por el impresionante impacto que produce la pandemia del coronavirus sobre la opinión pública española, el comunicado del pasado domingo de la Casa del Rey hubiera causado un revuelo mayúsculo. Hace cuatro o cinco años hubiera sido inimaginable que Felipe VI procediera a realizar una ruptura tan radical con su padre, al renunciar a los derechos económicos que le corresponden por herencia y retirarle la asignación económica que recibía del presupuesto de la Casa del Rey. Siendo dos medidas concluyentes, más llamativo es aún lo que el comunicado deja entrever sobre el juicio que le merecen las andanzas económicas de su progenitor, al decir que también renuncia a «cualquier activo, inversión o estructura financiera, cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona».

La Fiscalía suiza investiga el dinero recibido por la Fundación Lucum, una entidad panameña de la que don Juan Carlos sería el único beneficiario, que recibió cien millones de dólares de Arabia Saudí, presuntamente por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas. La Fiscalía Anticorrupción de nuestro país ha remitido una comisión rogatoria a Suiza para conocer esa investigación. Una parte del dinero, sesenta y cinco millones de euros, fueron a parar años más tarde a Corinna Larsen, una señora que alcanzó la mayor celebridad cuando se supo que acompañaba al actual rey emérito en la famosa cacería de elefantes que tuvo lugar en Botswana en el mes de abril de 2012. El entonces monarca dio un mal paso que le causó daños directos y colaterales: una cadera quebrada y la anticipación de la renuncia a la Corona. Por lo que se ve, a la relación cinegética todavía le colgaban flecos crematísticos que ahora persigue la Fiscalía.