Por primera vez hemos visto a Pedro Sánchez llevar una mascarilla en la calle. Hasta ahora, con familiares infectados, nunca había hecho en público uso de ella. Luego nos enteramos por el ministro de Sanidad que «el Gobierno está barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas». El doctor Simón respaldó a sus jefes, «podemos aprender de otras sociedades, como la de los japoneses, para utilizar equipos de protección personal». Antes decía que era un producto tan inservible como un abrigo en verano. Se ve que la ciencia ha cambiado de paradigma. Dado que el estilo del Gobierno consiste en lanzar globos sonda –bien sea la prórroga del estado de alarma o la oficialización de las mascarillas– y luego aprobarlos por el órgano pertinente, podemos concluir que las mascarillas constituirán desde esta semana el nuevo ‘mantra’ del Ejecutivo, como hace quince días era el lavado de manos para tener un escudo invencible ante el virus.
Sobre la marcha cabe hacer dos puntualizaciones. La primera es obvia, el Gobierno va siempre por detrás de los acontecimientos. Las mascarillas no son una novedad para luchar contra la pandemia; en los países del extremo oriente, los que demostraron una mayor eficacia para contener la propagación del virus, el uso de la mascarilla está generalizado (Corea, Singapur, China). La segunda tiene que ver con el aprovisionamiento. En España, se trata de un producto que no está al alcance del público, así que el Gobierno tiene que ofertarlo y luego recomendarlo. No al revés. Ya sé que la casta (Irene, Carmen, Carolina, Simón) se hace test en cuanto empieza a toser; si la cosa se pone peor pueden ir a clínicas privadas con respiradores, etcétera, pero el grueso de la tropa no tiene a mano tantas alternativas. Si el Gobierno presiona y el producto no llega al mercado, acabarán generalizándose los modelos de fabricación casera, que tanto sirven para generar falsa tranquilidad como de disfraz.
El jueves tocamos fondo con 9.500 fallecimientos, pero la gráfica sigue por los suelos, con las 932 muertes del viernes. Una semana luctuosa que nos acerca trágicamente a la experiencia italiana. La gestión de la pandemia no parece ser muy exitosa, de ahí que ahora echen mano de las mascarillas y que se anuncie una prórroga del estado de alarma. Hasta el 26 de abril, niños y viejos estarán obligados a vivir en sesenta, setenta u ochenta metros cuadrados. En caso contrario la multa va de 600 euros a 30.000. Nos lo repiten a diario.