Diez mil expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se han presentado en nuestra región. De ellos, 4.550 ya han sido tramitados, afectando a 16.564 trabajadores. La figura del ERTE se adapta bien a la actual situación en que las empresas prescinden provisionalmente de su plantilla, o de una parte de ella, no porque escasee la demanda de trabajo, sino por la estrategia de confinamiento contra el coronavirus que obliga a los empleados a quedarse en casa, a no ser que formen parte de los servicios considerados como esenciales. Como ya ha explicado repetidamente el Gobierno, los ERTE no implican ruptura del vínculo contractual entre empleador y empleado, ya que los trabajadores siguen formando parte de la plantilla. Se trata de un paréntesis hasta que termine la situación excepcional en que vivimos. En paralelo a la política de los ERTE, el Gobierno tomó medidas para reducir las posibilidades de despido mientras dure el estado de alarma. Los empresarios criticaron la iniciativa que restringe la capacidad de gestión sobre bienes de su propiedad, pero en unas circunstancias tan especiales como las actuales, en que se perdieron casi 900.000 afiliados a la Seguridad Social, se trata de alzar un dique para que los amigos de pescar en río revuelto no puedan utilizar malas artes. Es hora de aplicar ERTE, el tiempo dirá lo que ocurrirá luego.