Sobre la carencia de test de diagnóstico y el mal estado de los que se repartieron por las comunidades autónomas hay una casuística amplia. El último ejemplo está en Galicia, donde Núñez Feijóo ha declarado que los 58.000 test que envió el Gobierno a Galicia no sirven para hacer un diagnóstico fiable. El comité técnico que le asesora (epidemiólogos, microbiológicos, médicos de urgencia) le ha advertido que los test no discriminan entre enfermos y personas que superaron la infección. La transición de una colectividad separada por familias a otra relacionada por muy diversos vínculos personales y sociales no se podrá hacer con todas las garantías. Un asunto muy delicado que se deberá resolver con una mezcla de datos e intuición.

Planteadas así las cosas, será el Gobierno quién tomará la decisión con un importante margen de incertidumbre. Los científicos que le dan cobertura ya han seguido un curso suficientemente errático desde que la epidemia llegó a España como para poder hablar con autoridad. Descrito el cuadro cabría apostar por una solución conservadora, ralentizando mucho la ocupación de las calles. Tampoco es ésta una opción fácil, porque como se optó desde mediados de marzo por un confinamiento severo, la gente está ya cansada; pensemos en los dos millones de personas de más de 65 años que viven solas. Me inclino a pensar que al igual que ocurrió con la declaración del estado de alarma, los datos de nuevos contagios y de fallecimientos que ocurran en los días inmediatamente anteriores a prorrogar el confinamiento serán decisivos para que Pedro Sánchez se incline por uno y otro modelo de transición hacia la normalidad.