La reunión telemática entre Pedro Sánchez y Pablo Casado terminó mejor que las entrevistas presenciales que hubo entre ambos desde que lideran los dos principales partidos de España. A petición de Casado el pacto por la reconstrucción nacional, o la reconstrucción social y económica, va a trasladarse desde el palacio de la Moncloa al Congreso de los Diputados. Sánchez ha aceptado algo más que un simple cambio de escenario. Deja de ser una iniciativa netamente presidencialista para convertirse en un asunto parlamentario. La Mesa del Congreso será la responsable de conducir el proceso, al formar los negociadores una comisión parlamentaria. La discusión será entre diputados, quedando fuera de la negociación una serie de instituciones y organizaciones que Sánchez quería incluir en el acuerdo. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las patronales y las centrales sindicales tendrán que esperar a que haya un texto firmado para poder dar su apoyo. Las propuestas iniciales de Sánchez y los cambios propuestos por Casado no son inocentes, tienen una intencionalidad política, como es lógico, pero dejando de lado el sesgo partidario, desde la pura racionalidad es más sensato el formato acordado entre los dos que las ideas iniciales.