PARO REAL Y ENCUBIERTO
En el mes de abril el desempleo ha aumentado un 8,1% (6.342 trabajadores) en Asturias, en línea con lo acontecido a escala nacional. Peor ha sido la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social, con la pérdida de 8.529 cotizaciones. Entre marzo y abril, más de 10.000 personas han pasado a engrosar la lista del paro. Para ponderar esta última cifra hay que tener en cuenta que la primera quincena de marzo discurrió por los cauces de la ‘antigua normalidad’, por utilizar el lenguaje de la clase política, así que el cataclismo en el mercado de trabajo recogido en las estadísticas del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) corresponde solo a mes y medio.
No hay que rasgarse las vestiduras ante el aumento súbito del desempleo porque desde el 14 de marzo quedó prohibido el trabajo presencial en España, con la excepción de los llamados servicios esenciales. La mayor parte de las empresas tenían carga de trabajo, pero por razones de salud se cerraron oficinas, talleres, fábricas, obras, tiendas bares, hoteles y los más variados negocios.
Si se quiere valorar el coste laboral del confinamiento en España hay que agregar a los datos del paro los 3,4 millones de trabajadores incursos en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y los 1,1 millones de autónomos que reciben la prestación extraordinaria por cese de actividad. En el caso de Asturias los afectados por los ERTE son 59.221. Con la implantación del estado de alarma el Ejecutivo tomó una decisión acertada al abrir la puerta a los ERTE por fuerza mayor, quedando los trabajadores vinculados a la empresa aunque no trabajen. Si no fuera por este instrumento, probablemente ahora el paro en España superaría los siete millones de desempleados. La situación es excepcional y cuando se acaben las prórrogas del estado de alarma el Gobierno tendrá que tomar otra decisión. Desde el mundo empresarial se presiona para que se flexibilicen los ERTE y se prolonguen en el tiempo. No me extraña, ya que es la ayuda más grande que han recibido las empresas, al poder traspasar sus costes laborales al Estado. Me parece bien la propuesta porque sirve para proteger millones de puestos de trabajo, pero esa ayuda tiene un precio.
El Estado, tras pagar sueldos de funcionarios, pensiones, ayuda a autónomos, subvención por desempleo, prima de riesgo, factura sanitaria (10.000 millones a las comunidades autónomas), etcétera, tendrá que subir los impuestos. Nada es gratis. Y a partir de ahora, menos.