Cuando uno mira hacia atrás y repasa lo que ocurrió en las grandes crisis económicas del pasado, la reciente del año 2008 o la más lejana crisis del petróleo de los años setenta del pasado siglo, encuentra que las políticas económicas aplicadas al inicio del proceso no tuvieron nada que ver con las que se desarrollaron años más tarde. Un ejemplo. En la crisis de 2008, la primera respuesta de Zapatero, una vez que reconoció la existencia de crisis, fueron aquellos ‘plan E’ que sirvieron para gastar 13.000 millones de euros en las ciudades. Fueron planes bien intencionados, pero desnortados. Pretendían crear empleo y cada puesto de trabajo creado costó más de 160.000 euros, como dio a conocer el Banco de España no hace mucho. Superado el primer impacto, la política económica se concentró en reducir el déficit público y tras años de privaciones y aumento del desempleo, levantamos cabeza.

En este momento no se puede reducir el déficit, pero sí conviene hacer más racional la estructura del Principado, porque va a necesitar realizar más gasto social y el gasto improductivo le resta margen para ello. Califico de gasto improductivo el coste pagado en los presupuestos por reducir la semana laboral de los empleados públicos a las 35 horas. En estos momentos de creciente empobrecimiento, trabajar menos horas que el resto de los sectores laborales es un lujo. La reducción de jornada obligó a hacer nuevas contrataciones, elevando la nómina del personal en 105 millones de euros. El Gobierno de Adrián Barbón se encontró con esa carga; fue una herencia envenenada del anterior mandato, cuando se llegaron a acuerdos que no aportaron nada a Asturias, pero le salieron muy gravosos a los asturianos. La clase política todavía está en la fase de aferrarse a sus premisas, pero pronto cambiará el panorama. La racionalización de la Administración se impondrá como una tarea inaplazable.